Fernando de la Mora: precandidato a concejal fue aprehendido tras denuncia de presunto delito electoral.

Un precandidato a concejal de Fernando de la Mora fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional tras ser sorprendido en una situación que derivó en una investigación por un presunto delito electoral durante la jornada de votación.

Según el informe policial, un agente observó al sospechoso cuando supuestamente entregaba dinero en efectivo a una mujer que acababa de salir de una mesa de votación. Ante la sospecha de una posible compra de votos, ambos fueron demorados y puestos a disposición de las autoridades competentes.

El aprehendido fue identificado como Alfonso Orella González, de 59 años, actual precandidato a concejal por la Lista 6 de la Asociación Nacional Republicana (ANR), perteneciente a un sector disidente del Partido Colorado.

El precandidato rechaza la acusación

Orella González negó haber incurrido en la compra de votos y sostuvo que el dinero entregado correspondía al pago de servicios de transporte contratados para la movilización de personas durante la jornada electoral.

Asimismo, manifestó que disponía de fondos destinados al pago de miembros de mesa y colaboradores de su equipo político. Según afirmó, cuenta con documentación y otras evidencias que respaldarían su versión de los hechos, además de mantener compromisos de pago pendientes con otras personas que prestaron servicios de transporte.

El precandidato calificó el procedimiento como parte de una supuesta maniobra para perjudicar a su movimiento político.

“Presumo que han de ser los enemigos ocasionales que estamos teniendo quienes habrán avisado a la Policía para que me controle”, expresó.

Mujer involucrada respalda la versión

Por su parte, la mujer demorada coincidió con la versión brindada por Orella González. Indicó que el dinero recibido estaba destinado a la compra de combustible, ya que había sido contratada para realizar traslados de personas en el marco de los comicios internos.

Tras el procedimiento, la Fiscalía dispuso que tanto el precandidato como la mujer permanezcan bajo custodia policial mientras avanzan las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar si existió o no la comisión de un delito electoral.