Por Lic. Peter Acosta – Licenciado en Ciencias Políticas.
Un presidente de una nación no puede expresarse como un ciudadano común cuando se refiere a tragedias que marcaron para siempre la historia de otro pueblo. Sus palabras tienen peso diplomático, generan consecuencias políticas y reflejan una determinada visión de la historia.
Por ello, las declaraciones del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al afirmar que "Paraguay invadió Brasil" para justificar el fortalecimiento militar brasileño, merecen una profunda reflexión y una crítica fundada. No se trata simplemente de una frase. Se trata de utilizar una tragedia histórica como argumento político. Se trata de invocar una guerra del siglo XIX para respaldar decisiones militares del siglo XXI, sin hacer referencia al sufrimiento de miles de paraguayos que quedaron atrapados en uno de los conflictos más devastadores de la historia sudamericana.
¿Puede un jefe de Estado hablar de aquella guerra sin recordar la destrucción que sufrió Paraguay? ¿Puede mencionar un episodio militar y omitir la masacre de civiles, la muerte de niños, el sufrimiento de mujeres y la desaparición de familias enteras?
La memoria paraguaya no recuerda únicamente movimientos de tropas. Recuerda una catástrofe nacional. Recuerda un país devastado. Recuerda una población reducida dramáticamente tras años de guerra, hambre, enfermedades y persecuciones. Recuerda episodios como Acosta Ñu y Piribebuy, donde la población civil quedó expuesta a una violencia extrema cuando el Paraguay ya se encontraba exhausto.
Existen testimonios, documentos y correspondencias de la época que evidencian la brutalidad del conflicto y el clima de violencia que caracterizó sus últimos años. Para numerosos paraguayos y diversos investigadores, aquella guerra constituyó una tragedia de proporciones extraordinarias, cuya magnitud ha llevado a algunos historiadores y autores a calificarla como un genocidio contra el pueblo paraguayo, aunque esta caracterización sigue siendo objeto de debate académico.
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Aquí surge la mayor contradicción del discurso de Lula. Mientras habla de seguridad y defensa nacional, parece dejar de lado que detrás de aquella guerra no hubo solamente ejércitos enfrentados. Hubo seres humanos indefensos. Hubo niños, mujeres y ancianos. Hubo familias enteras que jamás tuvieron la posibilidad de decidir sobre un conflicto que terminó destruyendo sus vidas.
Además, la Guerra de la Triple Alianza no puede presentarse como un episodio en el que Paraguay fue el único responsable. Numerosos historiadores han analizado el complejo contexto regional, las disputas de poder en la Cuenca del Plata y el papel del Tratado Secreto de la Triple Alianza, firmado entre Brasil, Argentina y Uruguay, señalando que existían intereses geopolíticos previos que influyeron decisivamente en el desarrollo del conflicto.
Por ello, resulta profundamente cuestionable que, más de 150 años después, una tragedia de semejante magnitud sea utilizada para alimentar una narrativa orientada a justificar el fortalecimiento militar.
Los países que aspiran a llamarse hermanos deben tener una memoria completa. No pueden exigir respeto recordando únicamente la parte de la historia que les resulta conveniente. No pueden hablar de integración mientras sostienen una visión en la que las víctimas desaparecen y solo permanecen los argumentos del vencedor.
Brasil y Paraguay mantienen importantes relaciones económicas, comerciales y diplomáticas. Sin embargo, una auténtica relación entre pueblos no puede construirse sobre silencios históricos. Un hermano reconoce el dolor del otro. Un hermano no utiliza las heridas del pasado como herramienta política.
Cuando un país poderoso recuerda únicamente sus agravios y omite el sufrimiento que también provocó, su actitud difícilmente refleje el espíritu de fraternidad que dice defender.
Lo más preocupante no es únicamente la frase pronunciada por Lula da Silva. También resulta preocupante la ausencia de una respuesta firme por parte del Gobierno paraguayo. Una declaración de esta naturaleza, desde esta perspectiva, merecía una reacción diplomática acorde: una manifestación pública de rechazo, una defensa de la memoria nacional y, de considerarlo pertinente, la convocatoria del embajador brasileño para solicitar las aclaraciones correspondientes.
Paraguay no puede permitir que su historia sea reducida a una frase utilizada para justificar presupuestos militares. La sangre de los paraguayos que murieron durante aquella tragedia no puede convertirse en un argumento de estrategia política.
Los muertos no pueden responder. Pero los vivos tienen la responsabilidad de preservar y defender su memoria.
Un estadista del siglo XXI debería construir puentes a partir del reconocimiento de la verdad histórica y del respeto mutuo, no utilizar las heridas del pasado para fortalecer discursos de poder.
Porque la grandeza de una nación no se mide únicamente por el tamaño de sus ejércitos. También se mide por su capacidad para reconocer el dolor que causó y respetar la memoria de quienes sufrieron sus consecuencias.
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